México. El encadenamiento
de represión a manifestaciones que comenzó desde el 1 de diciembre de 2012, el
día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, “busca restringir las libertades
y revertir la exigencia de mayores derechos por parte de la ciudadanía”, valora
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez (Prodh), en entrevista con Desinformémonos.
Detrás de la
estrategia están “sectores duros del gobierno, o nostálgicos o muy bien
colocados con las medidas de mano dura; también sectores empresariales que
afectan a comunidades y pueblos, y tienen un interés muy claro en inhibir las
expresiones de protesta y de exigencia de derechos”.
Durante las marchas del 1 de
diciembre, 1 y 13 de septiembre y 2 de octubre, los medios de comunicación
resaltaron la presencia de grupos de personas dentro de las manifestaciones que
protagonizaron enfrentamientos con la policía, a los que llamaron “anarquistas”
o “encapuchados”. Por otra parte, organizaciones sociales denunciaron tanto la
presencia de “infiltrados” como de policía vestidos de civil que realizaron
detenciones.
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