Revista Ala Sur: Peña de muerte

2013

Peña de muerte

Por: Tarikles

El Gobernador del estado de Chihuahua, Cesar Duarte, se refirió en favor de la “pena de muerte”

Según el Diario de Chihuahua, con fecha del tres de diciembre del 2012[1]; “El gobernador César Duarte Jáquez propuso que la reforma a los códigos penales del país incluyan la pena de muerte a secuestradores que asesinen a sus víctimas”. Lo declaró posterior a los violentos enfrentamientos que se dieron en la toma presidencial del 1º de diciembre. ¿Cómo leer dichas declaraciones? Cesar Duarte muestra apoyo incondicional al actual Peña Nieto, por el uso excesivo de la fuerza pública en la toma de poder del 1º de diciembre, así como en la intentona de legitimar, por medio de la violencia, de nuevo al PRI en la presidencia del país.

Los registros históricos acerca de la aplicación de la pena de muerte, como “método punitivo”, en lo que pudiéramos llamar historia de la humanidad, debió habernos dejado como mínimo una lección. Primero que nada, que en la “aplicación legal y justificada” de la pena de muerte siempre sucede lo que desde tiempos registrados como la edad media relatan: los excesos. O mejor escrito, siempre estaremos, al final de cuentas a voluntad, del juez. Es fácilmente identificable, entre quienes le han dedicado tiempo de estudio al tema, la posición en donde la pena de muerte ha dejado palpado en libros, enciclopedias y almanaques que, cuando se recurre al método, se responde más a intenciones del tipo político; crear terror y miedo en grupos humanos y poblaciones especificas.

La pena de muerte implica la repugnante necesidad de crear el oficio del verdugo

“No sólo la cárcel vitalicia, como lo propuso y lo aprobó su gobierno, sino la pena de muerte a quienes cometan el delito de secuestro agravado, que es cuando el plagiario cobra el rescate y luego mutila y/o da muerte al secuestrado (...) Yo me iría más allá, creo que el secuestro agravado debe plantearse con pena de muerte”, continuó el mandatario, según relataba el periódico.

En los pueblos, que se nombran o pretenden ser educados, que indistintamente entrarían en el término democrático, la existencia (el sólo vivir), la vida como tanto pregonan los religiosos, significa el bien supremo por excelencia. Se insiste, incluso, que entre las poblaciones prosperadas, (de “prosperidad”), la tortura y/o mutilación, inclusive la humillación pública, a modo de castigos, por su carácter manifiestamente cruel, inhumano e ignominioso, tienden a rechazarse. La pena de muerte es aún peor, cualesquiera que sea la técnica con la que se ejecute, produce invariablemente un extremo sufrimiento psicológico y social. Espanto, pánico, angustia, ansiedad, depresión, inclusive desarrollo de ideas suicidas, y todo ello durante años, son sólo algunas de las tantas secuelas registradas en estudios e investigaciones en torno de la también conocida, pena capital. No sólo son digeridas por el inculpado antes y durante la ejecución, sino también por sus familiares, allegados e incluso son síntomas presentados en sus ejecutores como guardias y carceleros aledaños a la ejecución.

“Es un código planteado ante una emergencia que vive la nación en materia de seguridad”, añadió el mandatario.

“Duarte Jáquez consideró que la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, de unificar criterios en torno a los códigos Penal y de Procedimientos Penales de todo el país evitaría que los presuntos delincuentes se beneficien de las contradicciones jurídicas para que en la última instancia se les otorgue la libertad”; agregaba la nota periodística chihuahuense.

El estado fue cimentado hacia el amparo de la vida e intereses comunes, a según del grupo o comunidad que se hable. Y si nos apuramos, diría el charles-Ton (un compatriota radicado en el defeño), debería extenderse al amparo de la vida, no sólo de un determinado grupo, sino de la humanidad en general. Conceder al Estado la posibilidad de matarnos, aunque “exclusivamente” sea en decretados incidentes, fragmenta la primicia de la intangibilidad de la existencia humana. Es de muchos conocidos, que ante el mismo delito cometido, los acusados con mayor capacidad económica suelen poder evadir la “justicia”, gracias a permitirse ajustar agentes más diestros y comprometidos con su caso. Los pobres, ignaros o con contrariedades cerebrales y los socialmente segregados poseen el doble de riesgos de ser condenados a morir. ¡La existencia de la pena de muerte supone aceptar que necesariamente habrá un cierto número de personas inocentes que serán ejecutadas!

La pena de muerte no es justicia, sino venganza

Aunque el deseo de venganza sea sensiblemente patente, o incluso, perdonable, no podemos brincar de ahí, a que se pueda basar un sistema de “justicia” criminal en un Estado de Derecho. Aplicar, como llaman, la prehistórica Ley del talión (ojo por ojo, diente por diente), significa, por principio, regresar a periodos en donde el estado pueda perseguir y matar, sólo por nombrar dos de los más emblemáticos, a judíos y tártaros. Aceptar por el Estado que la muerte logra ser una pena “apropiada” y “legítima” socorre a enaltecer la aprobación social de desquites privados y generalizar el uso de la violencia.

De cierre

Actualmente, en este país, existe el derecho, al menos de manera formal, decíamos, de vivir y no ser asesinado por haber nacido de tal o cuál forma, en tal o cuál familia. Si bien, en el norte la guerra contra el narco ha significado lo contrario (grupos del tipo elite militar y mercenarios Escuadrones de la Muerte; llamó bien desde Juárez Geronimo Fong), atacan a grupos de una población desarmada y desprotegida con pretexto de la guerra vs el narco. “Se pretende olvidar que han existido regímenes, como el fascismo y el bonapartismo estalinista, que simple y llanamente han significado la muerte para miles y millones, el genocidio de sectores del proletariado y del pueblo por cuestiones raciales o ideológicas…” (Un proletariado sin Cabeza, POS: 2006).

Si a Calderón le tocó el mandato de militarizar al país; al del copetín, seguramente le corresponde institucionalizar la violencia. Y la institucionalización de la Guerra contra el Narco cuadra muy bien en el proceso de pretender establecer la pena capital como método punitivo contra los que diferimos del Estado actual.

¡Fuera el Ejército de las calles! ¡No a la Pena Capital! ¡Fuera Peña de Muerte!

[1] (Fuente: El Diario de Chihuahua http://diario.mx/Estado/2012-12-03_9f25a7eb/propone-duarte-pena-de-muerte-para-secuestradores/)